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Carta abierta DEl centro cultural cruzada al Dr. Iván Duque, Presidente de Colombia:

Objete la Ley Estatutaria de la JEP y extradite a alias Santrich

Excmo. Sr. Dr.

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia.

Para el próximo 11 de marzo está anunciada su decisión de sancionar u objetar la Ley Estatutaria que otorgará el marco legal de la JEP, inédito sistema de justicia supraconstitucional que será impuesto por quince o veinte años.

La importante decisión se da en un contexto confuso para la mayoría de los colombianos aturdidos por el debate enmarañado de leyes, Actos legislativos y leyes ordinarias de procedimiento, que solo los especialistas comprenden a cabalidad.

La JEP: El Tribunal para las Farc

Las JEP es el más importante organismo supraconstitucional de una constelación de otros impuestos por el Acuerdo Final con las Farc.

Pese a que el Presidente Santos haya firmado el Acuerdo Final y este gozara de la entera favorabilidad de los poderes de un Estado cooptado y amordazado, no tiene ninguna legitimidad una vez que el pueblo colombiano no lo refrendó en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Más bien quedó registrado como uno de los peores y vergonzosos procesos de la historia política de Colombia.

Cuando la Corte Constitucional concede el fallo de exequibilidad a la Ley Estatutaria, cruza la frontera de sus propias prerrogativas introduciéndole modificaciones y nuevos artículos, lo que en otros términos consiste en un Golpe de Estado al Poder Legislativo.

La JEP, pues, con su pretendida meta de “cerrar un ciclo de violencia”, se instalaría para garantizar el “derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición”. Sus magistrados fueron elegidos entre los amigos de las FARC, es decir, un Tribunal al servicio de sus metas.

Su bizarra reinterpretación marxista de los hechos pretende rehabilitar a los subversivos de los innumerables crímenes de lesa humanidad con que han desangrado el País durante décadas.

A “contrario sensu” se criminalizará a nuestras heroicas Fuerzas Armadas por haber defendido la Patria de la agresión comunista.

Causa enorme preocupación también que, si se legitimare la JEP, este tribunal reconozca la supuesta conexidad del secuestro y narcotráfico como delito político, una vez que las correcciones posteriores del Legislativo no son retroactivas. Esto sería transformar la Nación en una Narco-República.

Si S.E. decidiese sancionar la Ley Estatutaria, este Tribunal tendrá “patente de corso” durante quince o veinte años, en cuyo largo lapso oprimirá nuestras consciencias para imponer un transbordo ideológico inadvertido hasta crear las condiciones favorables para que corrientes comunistas cada vez más radicales se tomen el poder.

Sus pretensiones se hacen evidentes

Su corta existencia ya ha dejado claro que su falso ropaje de “Justicia Transicional” solo ha servido para otorgar impunidad a criminales como alias Santrich, el Pacho Chino, El Paisa e Iván Márquez.

Unos se niegan a ser juzgados, otros son citados para conversatorios amables a puertas cerradas, negando a los colombianos el conocimiento amplio de la verdad de sus crímenes; otros en fin gozan de permisos para viajes al exterior.

El caso de Santrich se ha vuelto emblemático. Sorprendido con inequívocas pruebas en el delito del narcotráfico cometidos posteriormente a la firma del Acuerdo Final que, por lo tanto, no puede ser amparado por la impunidad que éste le ofreciera.

En su intento por salvar a este delincuente de la extradición a los Estados Unidos, la JEP no solo pretende arrollar las funciones de la Fiscalía, sino también apropiarse de un proceso que corresponde a la justicia ordinaria

Llegan al colmo de reclamar pruebas al país norteamericano en una clara violación de los términos del Tratado de Extradición, comprometiendo las buenas relaciones con nuestro principal socio comercial y estratégico.

Como si todo esto no fuese suficiente, el país se vio asombrado por la captura del Fiscal Bermeo, miembro de la JEP y otrora miembro del grupo subversivo M19, recibiendo millonarias sumas para acordar la no extradición.

No se trata de una “Justicia transicional”, sino de una suprema injusticia legalizada.

No se trata de conocer y reivindicar la verdad, sino la deformarla.

Ni de reparación a las verdaderas víctimas, sino de victimizar y reivindicar a los criminales.

No se encontrará la prometida “no repetición”  sino que justificará el renacimiento de una violencia insospechada – como ya ha comenzado – por la legitimación de la causa subversiva implícita en su cuestionable neutralidad.

Trágicas consecuencias, experiencia de la historia.

La no aplicación de la recta justicia ha desangrado los corazones de millones de víctimas. Se les exige un perdón pero no se les exige a los victimarios un arrepentimiento, al contrario, se jactan de no hacerlo.

Si el Estado no garantiza la justicia es de lamentar que los individuos pretendan aplicarla por sus medios.

Aunque se deba deplorar estos crímenes, el Estado fue realmente el culpable de lo sucedido contra la Unión Patriótica y la proliferación de grupos paramilitares.

Sr. Presidente: Objete la Ley Estatutaria de la JEP

El país espera que S.E. le devuelva el correcto concepto de justicia objetando valientemente la Ley Estatutaria de la JEP.

El país anhela que S.E. impida que la subversión comunista tenga su propio Tribunal absolutorio.

Anhelamos que ordene la extradición del cabecilla alias Santrich, para que demuestre que es nuestro legítimo gobernante.

Que se disuelva en el espíritu público la pesadilla tenebrosa de un cogobierno FARC – JEP, que se instalaría durante quince o veinte años, si fuese sancionada la ley.

Su objeción a la Ley Estatutaria sería cortar con las mordazas que no nos permiten prosperar y le devolverá al país la saludable influencia de la Civilización Cristiana con cuya savia creció nuestra identidad nacional. “Recherche la nature, et il reviendra au galope”.

Medellín, 7 de marzo de 2019

CENTRO CULTURAL CRUZADA

Contacto: centro.cultural.cruzada@gmail.com

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