Es verdad que las consecuencias de esas medidas aun no nos afectan, pues sus efectos no son inmediatos, pero “la suerte está echada”. Veamos la realidad:

• El Gobierno hará una Reforma Agraria, apoyado por la Federación de Ganaderos (Fedegán), en la cual promete repartir 3 millones de hectáreas que costarán 60 billones de pesos (us $ 12.000 millones de dólares). Todos sabemos que en el mundo solo se producen alimentos y se genera prosperidad en el campo, cuando esta actividad se desarrolla en forma privada, con criterio de empresa. Jamás cuando se reparten tierras a quienes no saben cultivarlas y no tienen los recursos para ponerlas a producir.
• Se aprobó una reforma tributaria que aumentará los impuestos en unos 30 billones de pesos (us $6.000 millones de dólares). Los tributos actuales ya son asfixiantes y expropiatorios, de tal forma que la inversión nacional y extranjera se reducirá.
• Se concederán pensiones de $500.000 (us $100) mensuales a varios millones de personas mayores que no la tienen por no haber cotizado nunca en el sistema de pensiones, lo cual costará cada año al menos 20 billones de pesos (us $4.000 millones de dólares).
• Se ha creado por decreto un ejército de milicias populares que será integrado por 100.000 vándalos, que recibirán un salario mensual de $1.000.000 a partir del próximo mes de enero, lo cual costará $12 billones por año (us 2.400 millones de dólares).
• Se usarán los Fondos de Pensiones para financiar los gastos estatales, lo cual hará que durante algún tiempo el Gobierno disponga de sumas enormes de dinero para financiar la revolución socialista, pero esos recursos privados se acabarán pronto, y después vendrá el diluvio.
• Se disminuirá la producción de petróleo y gas, que significan casi la mitad de la economía de Colombia, para importarlos desde Venezuela. Según el Gobierno, consumir y exportar nuestros hidrocarburos es un atentado contra la ecología, pero si se los compramos a Venezuela para sostener la revolución bolivariana, no pasa nada.
• Pasando por encima del ordenamiento constitucional de la separación e independencia de los poderes públicos, el presidente ordenó por decreto la liberación de unos 250 terroristas de la Primera Línea para que se conviertan en “gestores de paz”, siendo que algunos ya están condenados y otros son procesados por graves actos terroristas. Esto constituye una clarísima violación a la Constitución, al ordenar la suspensión de procesos judiciales, cuando el presidente no tiene ninguna facultad para ello.
• Comienza un nuevo proceso de paz con el ELN, organización terrorista que no cumplió ninguno de los compromisos en las negociaciones anteriores. Ahora mismo el ELN ha ordenado un “paro armado” en varias regiones, exigiendo beneficios políticos por medio del terrorismo.
• El gobierno anuncia el desmantelamiento progresivo del sistema privado de salud, que es uno de los mejores del mundo, aunque tenga defectos, para reemplazarlo por un fracasado sistema de salud estatal.
• Las invasiones de tierras por parte de los indígenas y otras minorías se ha disparado en casi todos los departamentos, especialmente en el Cauca, sin que hasta el momento haya sido recuperado uno solo de los predios afectados.
• Está a punto de aprobarse una reforma política en el Congreso, comprada con dinero que circula a raudales entre los partidos políticos, para garantizar la continuidad de los actuales congresistas, facilitando a los partidos de la coalición de gobierno mantenerse en el poder por varios períodos legislativos.
• Se anuncia impunidad total para los cultivadores de coca, que ya no son perseguidos en forma alguna por el Estado. Así, Colombia se va convirtiendo en un narco-estado que se acerca a las 300.000 hectáreas sembradas en coca, que generan una economía subterránea de proporciones gigantescas, por fuera del control del Estado.