La falsa paz que nos conduce al caos y a la guerra total

Eugenio Trujillo Villegas

Uno de los discursos presidenciales más infames de la historia de Colombia, fue el pronunciado por Juan Manuel Santos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 21 de septiembre de 2016, en la celebración del día internacional de la paz. Con todo el cinismo y la falsedad que lo caracterizan, el ex presidente afirmó:

“…para anunciar, con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón, que la guerra en Colombia ha terminado”.

-Juan Manuel Santos. Discurso del 21 de septiembre de 2016 en la ONU

Han pasado casi siete años desde entonces y nadie puede afirmar que el proceso de paz con las FARC nos ha conducido a la pacificación. Por el contrario, se ha producido el desmantelamiento continuo de la Nación, al punto que ahora tenemos un presidente ex guerrillero, que pretende transformar a Colombia en un Estado marxista, regido por los principios ideológicos del Foro de Sao Paulo que están contenidos en el Acuerdo con las FARC.

Pagamos por nuestra propia destrucción

Toda la transformación del Estado impuesta por ese Acuerdo, que fue rechazado en el Plebiscito de 2016, contiene el germen de la destrucción que ahora padecemos. Y para vergüenza de quienes promovieron esa traición a la Patria, el costo desmesurado de su aplicación nos conduce a la ruina, pues se calcula en us $40.000 millones (cuarenta mil millones de dólares), que ya estamos pagando los colombianos con nuestros impuestos. Es decir, pagamos la destrucción de nuestro País con dinero que no tenemos, para construir otro País que no queremos.

La realidad es que la violencia, el terrorismo, la inseguridad y el surgimiento de disidencias guerrilleras se han multiplicado. Cada día que pasa se hace más evidente que el anuncio infame de Santos, diciendo “que la guerra ha terminado”, fue una gran mentira.

La infamia no se detiene allí. Ahora el Gobierno anuncia nuevos procesos de paz con el ELN, con el Clan del Golfo y con las múltiples disidencias de las FARC, que según Santos ya están pacificadas. Pero ahora resulta que no lo están, pues se transformaron en decenas de nuevas organizaciones criminales, todas ellas alimentadas por la coca, la minería ilegal y el crimen organizado.

Esto constituye una burla a la razón, al País y a la historia. En cada negociación con los grupos subversivos, el Estado de Derecho se convierte en una ruleta de muerte y demolición, en la cual cada grupo terrorista exige concesiones inconcebibles y total impunidad. Y a esto se le suma que ahora se les ofrece dinero a los criminales y a sus organizaciones para que dejen de delinquir, lo cual ya es irracional.

Orden presidencial de no enfrentar el crimen

¿Dónde terminará esto? Es imposible saberlo. Pero lo que sí sabemos es que la política oficial del Gobierno ya no combate los cultivos de coca, ni los laboratorios de cocaína, ni el secuestro, ni el terrorismo, ni la lucha armada.

Simultáneamente, el presidente Petro anuncia que él mismo ha dado la orden a las Fuerzas Armadas de no actuar y de no perseguir a las organizaciones que desangran a Colombia. Ante el secuestro de 79 policías, el asesinato de uno de ellos, el de un campesino, y de tres perros policías que también fueron masacrados, esto fue lo que dijo el presidente:

“La orden dada al Ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas Militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás” (Semana, marzo 8 de 2023).

Esa es la directriz presidencial ante el asesinato de policías y soldados, las invasiones de tierras, los bloqueos de las carreteras y los paros terroristas, como el de San Vicente del Caguán de la semana pasada. Y también del que afecta al Bajo Cauca por estos días y que mantiene secuestradas y desabastecidas a 250.000 personas de 14 municipios de Antioquia, Córdoba y Sucre.

Presenciamos un plan organizado para destruir a Colombia, para arrasar el ordenamiento jurídico de la Nación e imponer un régimen dictatorial, opuesto a la verdadera Colombia. Lo cual no es una previsión, sino una realidad que ya vivimos.

La indignación colectiva salvará a Colombia

Estamos apenas en el comienzo. Si Colombia sigue durmiendo sin hacer nada, lo lamentaremos por varias generaciones. Aunque cada uno de nosotros se siente impotente para evitar la tragedia, cuando se levante la chispa de la indignación colectiva, las instituciones encargadas de velar por la Constitución y el ordenamiento jurídico se verán obligadas a actuar para salvar la Patria.

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas, son las instituciones que tienen la obligación histórica de impedir que el presidente y el Gobierno impongan una dictadura, acaparando todos los poderes públicos y abusando de ellos.

Es evidente que el Congreso de la República y todos los partidos políticos ya claudicaron, sin excepción alguna. Como prostitutas públicas, a la vista de todo el mundo, vendieron su honor a cambio de dinero, de puestos y de contratos, que el Gobierno reparte a manos llenas. Colombia debe tener muy claro que no serán ellos los que nos van a salvar. Solo unas pocas excepciones honrosas, representadas casi todas por mujeres valientes, son las que están dando la batalla por la defensa del País, mientras que el resto de los colombianos duerme plácidamente.