El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha adoptado, por medio de la Resolución #051, tiránicas medidas por la libertad total del crimen del aborto, en nombre de prestar “atención integral en salud”.

Abrigándose en los fallos de la Corte Constitucional, en nombre de supuestos “derechos sexuales y reproductivos”, las niñas podrán abortar sin la aprobación de los padres e impone sanciones al personal médico y a los colombianos en general que impidan el procedimiento criminal.

Constituye un posible abuso del poder, pues reglamenta sin la debida legislación del Congreso, cancela el derecho de la patria potestad y la anulación total del derecho a la objeción de conciencia.

Constituye, pues, una legislación criminal, que precipita nuestra infancia y adolescencia al precipicio de la corrupción, emancipándola de los lazos protectores de los padres y promoviendo el amor libre sin calcular las consecuencias de un sexo fuera de su recta finalidad, la de procrear hijos.