Eugenio Trujillo Villegas
Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción
En 2022 publiqué el libro La Extorsión Indigenista, como una denuncia internacional sobre la articulación marxista del movimiento indígena en Colombia. Es una de las consecuencias de un fenómeno que se ha extendido por toda América, desde Canadá hasta la Patagonia.
Esa articulación no se hizo para defender los derechos de los pueblos indígenas. Fue realizada por organizaciones marxistas promovidas y financiadas por el Foro de Sao Paulo, que ha sido el motor de la revolución marxista en el continente. Fue fundado en 1991 por Fidel Castro y Lula da Silva, actual presidente de Brasil.
Además de difundir el cáncer de la corrupción comunista y conducir al continente hacia la llamada Revolución Bolivariana, promovió en cada país el levantamiento subversivo de las poblaciones indígenas para destruir la democracia, la libertad y la empresa privada, en una guerra política implacable que ha generado daños inconmensurables.
Alianza entre indígenas, guerrilleros y narco-terroristas
En Colombia, uno de los países en donde más tomó fuerza esta alianza funesta entre indígenas, guerrilleros y narcoterroristas, el problema no despierta mayor preocupación entre los sectores empresariales.
Aunque el libro ha sido un éxito absoluto en su difusión, ninguno de los gremios empresariales del país le prestó la menor atención, ni se dignó siquiera adquirir un solo ejemplar, ni ayudaron tampoco a divulgarlo entre sus asociados. Lo adquirieron miles de personas preocupadas por el agravamiento del problema indígena.
La realidad es que el movimiento indigenista en Colombia ha crecido y escalado las más altas cimas del poder, gracias al apoyo incondicional del gobierno de Petro.
Las consecuencias son devastadoras para la economía, el orden público y la seguridad ciudadana. Las comunidades indígenas se apoderaron de las carreteras del suroccidente de Colombia. La vía Panamericana, en el trayecto Cali–Popayán–Pasto, es interrumpida cuantas veces se les antoja a estas comunidades, y sus bloqueos y taponamientos han durado hasta tres semanas continuas, destruyendo la economía de la región. Igualmente, la vía Cali–Buenaventura, fundamental para el comercio con el Pacífico, es bloqueada cuando a estas gentes se les antoja hacerlo, interrumpiendo el comercio exterior de Colombia.
El problema viene desde el gobierno de Santos (2010–2018), quien le impuso a Colombia el nefasto proceso de falsa paz con las FARC, que concluyó con el robo del plebiscito de octubre de 2016. Las FARC fueron objeto de la más abyecta impunidad, y ahora ejercen el dominio total de vastas zonas de Colombia, abarcando unos 600 municipios de los 1.100 que hay en el país.
Para aceptar el acuerdo, las FARC exigieron del gobierno Santos la prohibición de fumigar los cultivos de coca con glifosato. Así, en 2010, cuando terminó el gobierno de Uribe, había 50.000 hectáreas sembradas en coca y ahora hay más de 300.000: seis veces más, con lo cual la producción de cocaína ha aumentado en la misma proporción.
Los artífices de ese desastre fueron Juan Manuel Santos y Alejandro Gaviria, quien fue el ministro de Salud durante todo ese gobierno. Ambos se enfrentaron al Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por el Ejército, la Policía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, asesorados por la DEA y la embajada de los Estados Unidos. Todas estas instituciones defendieron la necesidad de la fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, pero Santos y el ministro Gaviria impusieron su tesis, y consiguieron que la Corte Constitucional dictara una sentencia prohibiendo dicha fumigación (Sentencia T-236, 21 de abril de 2017, Corte Constitucional). (La Extorsión Indigenista, Eugenio Trujillo V., p. 60).
Después, Gaviria se volvió petrista, ayudó a la elección de Petro, se convirtió en su ministro de Educación y después fue echado del cargo a las patadas, de lo cual se enteró por los noticieros. Así paga el diablo a quien bien le sirve, reza la cultura popular.
Desde entonces, la alianza de las FARC y los indígenas ha sido indiscutible. Las hordas indígenas se desplazan por toda Colombia asaltando ciudades y carreteras, e invadiendo predios, sin que autoridad alguna imponga límites a los abusos cometidos.
Hace pocos días una de estas hordas criminales invadió la Agencia Nacional de Tierras y las dependencias del Ministerio de Agricultura, en Bogotá. Secuestraron a varios empleados, hicieron grandes destrozos en las instalaciones y, como siempre, no pasó nada. Llegaron y se fueron en camionetas de alta gama que el gobierno les regala por centenas, en las cuales ellos trasladan armas, cocaína, dinero, personas secuestradas y guerrilleros armados. Y no pasa absolutamente nada, porque esa es la política del gobierno. Las autoridades, al mando del Ministerio de Defensa, tampoco hacen nada, porque la orden del gobierno es protegerlos. Los alcaldes y gobernadores del país tampoco hacen nada, porque se mueren de terror de imponer el cumplimiento de las leyes a una horda de indígenas agresivos y salvajes, que se consideran dueños de Colombia, no respetan ninguna ley, pues consideran que están por encima de todas ellas.
El nuevo ministro de la Igualdad es un promotor de invasiones
Finalmente, el pasado mes de enero fue nombrado ministro de la Igualdad uno de los más aguerridos jefes indígenas. Luis Alfredo Acosta, quien fue por muchos años coordinador de la Guardia Indígena del Cauca, fue el secuestrador de un contingente de militares en ese departamento, que fueron desarmados por los indígenas, desnudados, escupidos en la cara, insultados indignamente y hasta amenazados con ser degollados por el sujeto que ahora es flamante ministro.
Mientras tanto, el gobierno decreta la entrega de decenas de miles de hectáreas a las comunidades indígenas, y lo único que hacen con ellas es destruir los sistemas de producción agropecuaria que allí existen, convirtiéndolos en predios improductivos y abandonados, que no generan empleo ni producción agropecuaria alguna.
Además de las tierras que el gobierno les entrega, ellos se toman por las armas las tierras que se les antoja. Según ellos, este es su derecho, y lo proclaman como un acto de justicia ancestral, pues se consideran dueños de todas las tierras del país. Los indígenas vagaban por ellas hace 500 años, desnudos y salvajes, matándose entre ellos mismos, cuando España nos convirtió en un mundo civilizado, enseñándonos los principios de la propiedad privada, de la familia, del Estado y del derecho, que son la fuente de la cultura y del progreso humano.
La Extorsión Indigenista resultó ser uno de los documentos más importantes y esclarecedores que se han hecho en los últimos años, pues todas y cada una de las previsiones y denuncias hechas allí se han cumplido al pie de la letra.
El indigenismo, aliado con las FARC, que ahora se hacen llamar disidencias, se apoderaron de media Colombia con la complicidad de las autoridades. Comandadas por los tres Ivanes (Iván Márquez, Iván Mordisco e Iván Cepeda), van por la conquista de la otra media Colombia, si es que en las próximas elecciones presidenciales no derrotamos el marxismo, que es el culpable de conducirnos hacia un desastre anunciado, conocido por todos y evidente para los que tienen ojos para ver.
Febrero 23 de 2026 – trujillo.eugenio@gmail.com
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