Un aumento del 25% del tope mínimo reglamentario en los cobros de los asalariados, decretado por el presidente Venezolano Hugo Chávez lo vimos en marzo de 2010.  Para los restauranteros, hostaleros, maestros de obra, empresas de buses, y otras empresas pequeñas que ofrecen productos/servicios de alta rotación, una disminución de las ganancias en 20% por la emisión de un decreto absurdo, es insostenible si no trasladan el aumento de los costos a los precios de los productos. Para 2010, la inflación anual en Venezuela era del 27%: el detrimento del salario de los trabajadores fue del 2%. Comenzó su ciclo hacia la miseria y la represión.

En 2011, Hugo Chávez decretaba la regulación de precios en los mercados de bienes y servicios como antesala de su guerra contra la propiedad privada. El papel higiénico, los pañales, el jabón y otros son regulados con la retórica socialista de Costos y Precios Justos. El precio del dólar fue reglamentado en 2003, año en el que inicia la tasa de cambio fija junto con encarcelamientos por transar divisas libremente. La locura de los precios paralelos fue inmediata, en una solución pragmática de los venezolanos para abastecerse en medio de la represión socialista.

El impuesto inflacionario inició su represión en 2007 con la victoria del socialismo sobre el Banco Central. El gobierno, una vez con el control del Banco Central, pagó sus gastos de funcionamiento con emisión de moneda, cobrándose de los ingresos del pueblo venezolano que desfinanciaba sus gastos en ropa, gasolina, educación y entretenimiento, por la inflación inducida de forma implacable con emisión monetaria. Esa es la etapa final en el engranaje de la represión: los jefes de calle ejercieron el control de las relaciones sociales administrando las boletas de los víveres subsidiados por el gobierno, restringiendo o aumentado la entrega de víveres según las necesidades represivas. Tasa de cambio fija, regulación de los bienes y servicios, pérdida de independencia del banco central y expansión monetaria permanente, expropiaciones, aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y el Estado como proveedor de bienes e inversionista principal, son las seis medidas del paquete de pauperización. Cuando esas seis sean noticia cotidiana, será demasiado tarde. No habrá vuelta atrás.

En 2025 el presidente colombiano, del partido socialista de extrema izquierda, Pacto Histórico, decreta un aumento del tope mínimo salarial en 23%. Ya en enero de 2026 los ministros de hacienda y trabajo  anuncian la preparación del decreto que regula los precios de los bienes y servicios. Las victorias socialistas vendrían, entre otros, con el control de Ecopetrol y de Federación de Cafeteros que tuvo el asedio de la presidencia para nombrar gerentes afines al socialismo y en contra del Comité Nacional de Caficultores. En 2026 Gustavo Petro preparaba cambios en el Banco de la República y ya había destrozado la regla fiscal. Las redes de clínicas y hospitales serían administradas según el sistema cubano de «policlínicos», que asignarían las compras de equipos y la entrega de medicamentos. En educación desde 2023 un colombiano no es libre de elegir la universidad para administrar la beca que le asigna el gobierno, sino que está obligado a matricularse en una universidad estatal, que queda con el control de los recursos de su beca. Cada una de estas iniciativas han sido promovidas con la estrategia chavista, de convocar desde el poder de la presidencia, aglomeraciones de protestas.

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro, de quien el Candidato Presidencial Iván Cepeda se refirió como «un digno sucesor de Hugo Chávez» administraba la fase completa de la represión coordinando la logística del Helicoide junto con los varios puntos de tortura del gobierno, ubicados en puntos clave de la jurisdicción venezolana.

Iván Cepeda es ahora la opción socialista en Colombia. Perteneciente al Pacto Histórico, Gustavo Petro ha anunciado su apoyo a la Campaña de Iván Cepeda, y el Partido Comunista Colombiano (PCC) ha manifestado su afinidad al candidato, quien es hoy la materialización de los ideales del PCC.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), también es, a manera de conjetura informada, afín a esta candidatura desde 2022 y no se ha pronunciado en contrario. En julio de  2022 la CEC exaltó que el Gobierno de Gustavo Petro, a quien Iván Cepeda se adhiere ideológicamente, impulsa un acuerdo en torno a su gobierno, y propuso «aglutinar» en él a la población para «aclimatar» a los colombianos. Al mismo tiempo, descalifica a los obispos que expresan opiniones contrarias a la ideología del gobierno. Lo anterior, en contra de La Iglesia cuya  enseñanza social, divulgada en las cartas «Centesimus Annus», «Laborem Exercens» y «Rerum Novarum», es explicita en que la postura socialista «es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión del Estado y perturba fundamentalmente todo el orden social» y que «[d]e esta errónea concepción de la persona provienen la distorsión del derecho, que define el ámbito del ejercicio de la libertad, y la oposición a la propiedad privada». Afirma, en contrario a las iniciativas del gobierno, que «la socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales».

El grado enorme de diferencias doctrinales entre la opción socialista con sus candidatos amigos, y el resto de los candidatos, obliga a tomar partido. Lo que fue un intento de República es muy diferente al Estado social de derecho democrático que tenemos hoy. La República puede funcionar para un pueblo, es decir, para una unidad orgánica formada por personas conscientes de sus deberes, dotadas de vida moral, estructura, vínculos y sentido de pertenencia. Pero la democracia de hoy, entendida como un ejercicio de masas, que son un agregado amorfo, que no actúa como sujeto político y no delibera, sino que reacciona por una inclinación psicológica a la marcha de aglutinaciones convocadas demagógicamente, sustituyen la razón y la ley por la pasión y el interés inmediato. Seamos, individualmente, sujetos de decisión moral y esquivemos la represión que provendría de la psicología de masa.