Todavía no ha iniciado el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, y ya se configura un escenario de confrontación política que amenaza con impedirle gobernar desde el primer día.

La sensación que comienza a instalarse es que algunos sectores no están dispuestos a conceder siquiera el tradicional margen de confianza que, por costumbre democrática, suele otorgarse a un nuevo gobierno durante sus primeros cien días. La meta parecería ser otra: desgastarlo antes de que empiece.

Por un lado, Gustavo Petro mantiene un discurso de permanente agitación política, alentando una nueva etapa de movilización y confrontación. Eso, para muchos, no resulta sorprendente: después de dejar el poder, corresponde a la oposición ejercer control y expresar sus discrepancias.

Lo que genera mayor inquietud es que las tensiones no provengan únicamente de la izquierda.

La disputa por la Presidencia del Senado

La controversia estalló con la elección de la Presidencia del Senado.

Según los sectores cercanos al presidente electo, Honorio Henríquez habría traicionado el proyecto político que los ciudadanos respaldaron en las urnas, al preferir una alianza que terminó favoreciendo los intereses de Gustavo Petro y de quienes lo acompañan políticamente.

La crítica sostiene que el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a haber anunciado que sería un partido de gobierno, terminó propiciando la primera derrota política del nuevo Ejecutivo incluso antes de su posesión.

Quienes defienden esa postura consideran que se trata de un hecho de enorme gravedad política.

¿Un partido de gobierno o un factor de división?

El argumento utilizado para justificar la elección del presidente del Senado fue que tradicionalmente esa dignidad corresponde al partido mayoritario.

Sin embargo, los críticos recuerdan que ese criterio no siempre fue aplicado en el pasado, incluso durante los años en que el propio uribismo ejercía mayor influencia en el Congreso.

A ello se suma otra preocupación.

El expresidente Uribe ha manifestado públicamente que el surgimiento del movimiento liderado por Abelardo De La Espriella podría poner en riesgo la existencia misma del Centro Democrático, especialmente si termina convirtiéndose en un nuevo partido político.

Para algunos analistas, ese temor estaría influyendo en la actitud asumida por algunos dirigentes del uribismo.

Un balance crítico del legado de Uribe

Los cuestionamientos van más allá de la coyuntura parlamentaria.

Desde diversos sectores conservadores se sostiene que, pese a los importantes avances obtenidos durante sus gobiernos en materia de seguridad, Álvaro Uribe terminó tomando decisiones que marcaron profundamente el rumbo del país.

Entre ellas señalan haber permitido el desarrollo del Acuerdo de La Habana, no haber promovido un juicio político contra Gustavo Petro durante su mandato y no haber derrotado definitivamente a las guerrillas cuando contaba con el respaldo institucional y militar suficiente para hacerlo.

Desde esa perspectiva, Colombia estaría padeciendo hoy las consecuencias de decisiones que facilitaron el fortalecimiento político de sectores vinculados al antiguo conflicto armado.

También se cuestiona la política de «Paz Total», al considerar que ha fortalecido organizaciones criminales y aumentado la violencia en diferentes regiones del país.

¿Un caballo de Troya dentro del gobierno?

La antigua historia del caballo de Troya vuelve a aparecer como metáfora política.

Después de diez años de guerra, los griegos fingieron retirarse y dejaron un enorme caballo de madera como supuesto regalo para la ciudad de Troya.

Los troyanos lo introdujeron dentro de sus murallas sin sospechar que, en su interior, permanecía oculto un grupo de soldados que durante la noche abrió las puertas para permitir la entrada del ejército invasor.

La pregunta que algunos sectores formulan hoy es inevitable:

¿Podría repetirse esa estrategia en la política colombiana?

¿Existe el riesgo de que actores que se presentan como aliados del nuevo gobierno terminen condicionándolo o debilitándolo desde adentro?

Las preocupaciones del sector conservador

Las dudas aumentan cuando se plantean los debates que inevitablemente llegarán al Congreso.

¿Habrá respaldo para impulsar reformas dirigidas a fortalecer la protección de la infancia?

¿Se buscará restringir las intervenciones de cambio de sexo en menores de edad?

¿Habrá iniciativas para revisar las políticas relacionadas con el aborto y la eutanasia?

¿Se impulsará una agenda orientada al rescate de los principios que muchos consideran propios de la tradición cristiana de Colombia?

Para quienes formulan estas preguntas, la verdadera prueba del nuevo escenario político será comprobar quiénes apoyan esas iniciativas y quiénes terminan bloqueándolas.

¿Garantías o pacto político?

También han generado debate las declaraciones según las cuales un eventual gobierno de De La Espriella ofrecería todas las garantías judiciales a Gustavo Petro.

La frase ha sido ampliamente comentada:

«Si lo que quiere Petro y el Pacto Histórico son garantías, las tiene todas. Nosotros no perseguimos seres humanos; nosotros perseguimos que se cumpla la ley. Hay garantías para todo el mundo, empezando por el derecho a la defensa.»

Aunque estas palabras pueden interpretarse como una reafirmación del Estado de derecho, algunos sectores temen que puedan abrir espacio a acuerdos políticos que terminen beneficiando al expresidente Petro frente a eventuales investigaciones judiciales.

Símbolos y discursos

Dentro del debate público también han aparecido interpretaciones sobre los símbolos utilizados por los principales protagonistas.

Se ha señalado que Gustavo Petro porta con frecuencia la cruz Tau franciscana, mientras Álvaro Uribe continúa haciendo visible una religiosidad que ha caracterizado buena parte de su trayectoria política.

Para algunos observadores, esos símbolos contrastan con las decisiones políticas que posteriormente adoptan ambos dirigentes.

¿Regeneración o continuidad?

El temor de algunos sectores conservadores es que el nuevo gobierno termine rodeado por la misma clase política tradicional que, durante décadas, ha ocupado los principales espacios de poder.

Consideran que, si eso ocurre, se frustraría la posibilidad de una verdadera renovación institucional y cultural.

En su opinión, impedir que el nuevo gobierno desarrolle libremente su programa significaría cerrar la puerta a una eventual recuperación de los valores cristianos que consideran fundamentales para la identidad nacional.

Colombia necesita gobernabilidad

Más allá de las diferencias ideológicas, existe una tradición democrática que aconseja permitir que todo gobierno inicie su gestión con un margen razonable para poner en marcha sus políticas.

Negarle incluso ese espacio inicial solo profundizaría la polarización y aumentaría la incertidumbre institucional.

En los próximos meses quedará claro si los distintos sectores políticos actuarán como aliados del cambio prometido o si, por el contrario, las disputas internas terminarán debilitando al nuevo gobierno desde sus primeros pasos.

Para quienes sostienen esta visión, el futuro político de Colombia dependerá de evitar que intereses partidistas prevalezcan sobre el bien común y de que el país pueda recuperar los principios morales, culturales e institucionales que consideran esenciales para su regeneración nacional.