¿Qué pensar y qué hacer ante las consagraciones episcopales anunciadas por la Compañía de San Pío X en Écône para el 1 de julio y la consiguiente excomunión latae sententiae que será reafirmada por la Santa Sede?

La primera consideración que hay que hacer es que, si esto sucede, nos enfrentaremos a una prueba dolorosa — no sólo para el mundo de la Tradición Católica, del que forma parte la Sociedad de San Pío X desde su fundación el 1 de noviembre de 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre, sino también para el Papa León XIV. De hecho, el Pontífice ha identificado la reconciliación interna de la Iglesia como uno de los principales objetivos de su pontificado y se encontraría, poco más de un año después de su elección, teniendo que afrontar un nuevo desgarro del tejido eclesial, con el riesgo de agravar divisiones que llevan décadas esperando una resolución.

En cuanto al fondo de la controversia, no se puede dejar de señalar lo que parece ser una auténtica paradoja. Entre las muchas razones esgrimidas por el arzobispo Lefebvre en 1988 —y retomadas ahora por la Compañía de San Pío X para justificar las consagraciones episcopales sin mandato pontificio—, el argumento del estado de necesidad de los fieles ante la gravedad de la crisis eclesial es, al mismo tiempo, el argumento más débil y el más fuerte.

El estado de necesidad es, por su propia naturaleza, una condición excepcional que permite desviarse de la aplicación ordinaria de ciertas normas en vista de un bien superior— que, en el caso de la Iglesia, es la salvación de las almas. Pero ¿quién tiene la autoridad para verificar la existencia de tal Estado y determinar su principio y fin? Es evidente que esta apreciación no puede dejarse al juicio de la propia Compañía de San Pío X. Si ese fuera el caso, habría que concluir que el estado de necesidad cesa cuando la Sociedad considera que ha cesado — atribuyéndole efectivamente un poder de juicio sobre la Santa Sede que es incompatible con la constitución jerárquica y visible de la Iglesia.El resultado sería una situación en la que un determinado organismo se erige como criterio último para evaluar las acciones de la autoridad suprema.

Si se admitiera el principio del estado de necesidad como criterio general de acción, cualquier obispo que juzgara que la Iglesia atravesaba una grave crisis podría sentirse autorizado —o incluso moralmente obligado— a consagrar a otros obispos sin mandato pontificio, a fin de asegurar la continuidad de la fe y de los sacramentos. La consecuencia sería una proliferación de jurisdicciones paralelas y episcopi vagantes dispersos por todo el mundo, con efectos inevitables de fragmentación, desorden y confusión para los muy fieles que uno buscaría proteger.

La existencia de una línea episcopal derivada del arzobispo Richard Williamson —uno de los cuatro obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre en 1988 y posteriormente expulsados de la Compañía de San Pío X— muestra concretamente cómo la lógica del estado de necesidad, una vez desvinculada de un principio superior de autoridad capaz de delimitarlo y regularlo, puede generar mayores divisiones. Se trata de un fenómeno que, más allá de cualquier juicio sobre las personas implicadas, ilustra el riesgo intrínseco de las consagraciones episcopales fundadas en valoraciones subjetivas del estado de necesidad.

Y, sin embargo, este argumento —tan frágil a nivel teológico y canónico— se presenta como el más fuerte a nivel pastoral. El arzobispo Lefebvre no era un teólogo especulativo ni un canonista, sino un misionero y un pastor de almas. En su carta a los sacerdotes del 27 de abril de 1987 escribió: “Los fieles que todavía son católicos se encuentran en muchos lugares en una situación espiritual desesperada. Es esta apelación la que escucha la Iglesia; es para estas situaciones que ella otorga jurisdicción a través de la ley de jurisdicción suministrada.” El criterio decisivo para él no fue la afirmación de un derecho propio de la Sociedad, sino la necesidad espiritual de los fieles. Las consagraciones episcopales de 1988 pretendían ser una respuesta a este llamamiento de las almas.

Nos encontramos pues ante la paradoja. La Compañía de San Pío X, al invocar el estado de necesidad, basa gran parte de su justificación en la primacía de las exigencias pastorales sobre consideraciones estrictamente jurídicas y doctrinales — abrazando así esa misma primacía de la práctica pastoral que es un mandato fundacional del Vaticano II. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por el contrario, invoca al Vaticano II, pero no reconoce el peso del argumento pastoral y emplea contra la Sociedad los términos y conceptos de la teología preconciliar, en nombre de la fuerza vinculante de la doctrina y la ley.

En esta situación confusa, el único consejo sensato que se puede ofrecer a quienes no están seguros es respetar el principio de lógica y derecho: In dubiis standum est pro statu quo, donec ratio certa contrarium persuadat — “En caso de duda, hay que aferrarse a la situación existente, hasta que ciertas pruebas demuestren lo contrario” La razón sugiere que cada persona permanezca en la posición en la que se encuentra, continuando con lo que hace, evitando ser arrastrado a polémicas estériles y proclamaciones emocionales que no tienen otro resultado que reabrir viejas heridas y verter vinagre en las heridas de la Iglesia.

El problema que se presenta hoy es mucho más amplio que la grave cuestión de las consagraciones episcopales del 1 de julio y sus consecuencias canónicas. La cuestión tampoco se agota en el debate sobre la liturgia tradicional o la interpretación de los documentos del Concilio Vaticano II. En el centro de la controversia se encuentra el juicio histórico y teológico sobre el siglo XX — un siglo que marcó profundamente el destino de la Iglesia y del mundo contemporáneo.

Hace poco más de cien años, la conflagración de la Primera Guerra Mundial puso fin al orden internacional nacido de los siglos cristianos, mientras que la Revolución bolchevique de octubre de 1917 provocó un incendio aún mayor en el mundo. Sin embargo, en el mismo año en que el bolchevismo tomó el poder, Nuestra Señora se apareció a los tres hijos pastores de Fátima, explicándoles las verdaderas causas de la crisis del mundo moderno y asegurando, después de castigos, guerras y persecuciones, el triunfo final de su Inmaculado Corazón. El mensaje de Fátima estaba dirigido a toda la humanidad, pero de manera particular a los Pastores de la Iglesia, dentro de la cual el Modernismo había comenzado a difundir su veneno mortal. Contra este mal, la Providencia levantó a San Pío X. Con la encíclica Pascendi Dominici Gregis del 8 de septiembre de 1907 — diez años antes de las apariciones en Fátima — el gran Pontífice denunció con profética claridad el proceso de autodisolución de las décadas que seguirían. Pascendi y Fátima constituyen, respectivamente, el diagnóstico doctrinal y la respuesta sobrenatural a la crisis de la modernidad. Estos acontecimientos, a su vez, adquieren su significado auténtico sólo cuando se sitúan dentro de una perspectiva más amplia que permite leer los acontecimientos de la historia como fases de una única lucha que atraviesa los siglos.

Es aquí donde la visión de San Agustín adquiere una relevancia extraordinaria para nuestro tiempo. En la Ciudad de Dios, el gran Doctor de la Iglesia interpreta la historia como el enfrentamiento permanente entre quienes orientan su vida hacia Dios y quienes rechazan el orden divino. La tradición agustiniana, con su capacidad de leer los acontecimientos históricos a la luz de la Providencia, ofrece la clave interpretativa necesaria para afrontar cuestiones que siguen determinando la vida de la Iglesia— con sus apostasías, sus persecuciones y sus actos de heroísmo.

La última palabra, en este horizonte dramático, pertenece a aquel que ostenta el mandato divino de guiar a la Iglesia y a quien la propia Compañía de San Pío X reconoce como el legítimo Vicario de Cristo — el Papa reinante, León XIV. Ninguna solución a los graves problemas que afligen al Cuerpo Místico de Cristo se encontrará fuera de él ni contra él.