Existe un error particularmente peligroso para quienes valoran el orden: confundir el orden con una simple demostración de fuerza.

La fuerza es necesaria. Un Estado que no protege sus fronteras, no persigue a los delincuentes ni hace cumplir la ley incumple una parte esencial de su misión. Sin embargo, la fuerza solo genera un orden duradero cuando se subordina a la ley, la prudencia y objetivos políticos claros. De lo contrario, puede destruir mucho sin necesariamente construir nada.

Es precisamente este dilema el que empieza a aflorar en la nueva ofensiva de Donald Trump contra el crimen organizado en América Latina.

El problema al que nos enfrentamos es real y de gran magnitud. Los cárteles y facciones transnacionales trafican drogas, armas y dinero a través de continentes, corrompen a funcionarios públicos, controlan territorios y desafían abiertamente la autoridad del Estado. El PCC y el Comando Vermelho dejaron de ser, hace mucho tiempo, problemas exclusivamente brasileños.

La novedad reside en el método elegido por Washington.

En marzo, el gobierno estadounidense lanzó la Coalición Anticártel de las Américas, formada por 19 países y diseñada para coordinar la lucha contra las grandes organizaciones criminales en el continente.

Según un informe de Lourival Sant’Anna publicado por Estado de S. Paulo, Guatemala, Honduras, Jamaica, Colombia y Ecuador habían aceptado cierto grado de despliegue de personal militar estadounidense en sus territorios. Sin embargo, la situación no es del todo uniforme. 

En una actualización publicada el 24 de agosto, Associated Press informó que el gobierno de Estados Unidos afirmó tener acuerdos para operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras, pero señaló que Guatemala negó haber llegado a tal entendimiento.

Colombia, tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, se acercó a la iniciativa estadounidense. Ecuador ya venía realizando misiones conjuntas con Estados Unidos desde marzo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó claro que Washington pretende ir más allá de la mera cooperación policial.

Durante su visita a Panamá, afirmó que Estados Unidos busca lograr en tierra el mismo efecto que las operaciones ya realizadas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Comparó explícitamente a las organizaciones de narcotráfico con el Estado Islámico y Al Qaeda.

La campaña naval comenzó en septiembre del año pasado. Un informe del diario Estadão del 16 de agosto mencionaba al menos 59 ataques y 196 muertos. Para el 24 de agosto, la Associated Press ya había contabilizado más de 60 ataques y más de 210 muertos.

PCC y Comando Vermelho entran en la lógica antiterrorista.

Para Brasil, este cambio ya no es abstracto.

El 28 de mayo, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la clasificación de Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como Terroristas Globales Especialmente Designados y comunicó su intención de clasificarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras, clasificación que entró en vigor el 5 de junio.

Esta decisión amplía significativamente las herramientas financieras, policiales y diplomáticas que Estados Unidos puede emplear contra individuos y organizaciones vinculadas a estas facciones.

El gobierno estadounidense justifica la medida citando la violencia de ambos grupos, el alcance internacional de sus redes y su participación en el narcotráfico. Nadie con un conocimiento profundo puede negar la gravedad de estas organizaciones.

La cuestión es diferente: reconocer la existencia de un enemigo peligroso no resuelve automáticamente el debate sobre qué medios son legítimos, eficaces y prudentes para combatirlo.

Según un informe de Reuters, la clasificación se produjo tras negociaciones que incluyeron una visita del senador Flávio Bolsonaro a Washington. El senador defendió públicamente la clasificación de las facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas y expresó su apoyo a la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico.

El artículo de Estadão también señala que la posible adhesión de Brasil a la coalición podría convertir el tema en un asunto relevante para la política exterior del próximo gobierno.

¿Bombardear a los narcotraficantes resuelve el problema del narcotráfico?

Aquí es donde surge una distinción crucial.

Una fuerza militar puede destruir una lancha rápida. Puede eliminar a un jefe de cártel. Puede bombardear un laboratorio. Puede clausurar una pista de aterrizaje clandestina.

Pero un cártel no es simplemente un grupo de hombres armados.

Cuenta con contadores, empresas fantasma, operadores financieros, empleados corruptos, redes logísticas, contactos en puertos, abogados, informantes y relaciones con proveedores y compradores en diversos países. Si su estructura económica e institucional permanece intacta, la muerte de un jefe podría simplemente abrir el camino a otro.

Andrés Oppenheimer llamó la atención sobre este problema al analizar la ofensiva estadounidense. En su análisis, las operaciones militares pueden producir importantes resultados tácticos sin eliminar las condiciones que permiten a los cárteles reconstruir sus redes.

Para combatir organizaciones de este tamaño también se requiere inteligencia financiera, fuerzas policiales especializadas, control fronterizo, cooperación entre las Fiscalías, fortalecimiento del Poder Judicial, lucha contra la corrupción e investigación del blanqueo de capitales.

Este argumento no implica defender la debilidad ante el crimen, sino preguntarse qué tipo de fuerza realmente debilita al delincuente.

La lucha contra los cárteles forma parte de algo más grande.

Sin embargo, sería un error analizar la ofensiva antidrogas de forma aislada.

Esto se enmarca dentro de una transformación más amplia de la política estadounidense hacia el hemisferio occidental.

Juan Pablo Segura, quien asumió el cargo de Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el 14 de agosto, enumeró tres prioridades principales durante su audiencia de confirmación: combatir los cárteles y los narcotraficantes, contener la influencia china e impulsar un cambio político en Venezuela.

La seguridad portuaria también se convirtió en un elemento central de esta estrategia.

La preocupación por China no es imaginaria. El control de puertos, telecomunicaciones, redes digitales y otras infraestructuras críticas por parte de una potencia extranjera puede crear dependencias estratégicas reales.

La fuerza que intimida también puede erosionar la confianza.

Este problema no se limita a América Latina.

En las últimas semanas, la política exterior estadounidense ha ofrecido sucesivos ejemplos de decisiones abruptas, amenazas, retiradas y nuevas amenazas.

En el conflicto con Irán, Trump afirmó repetidamente que un acuerdo estaba cerca. Sin embargo, la guerra se prolongó y la disputa por el estrecho de Ormuz se convirtió en un problema fundamental para Washington.

El presidente llegó incluso a anunciar públicamente el control estadounidense sobre el estrecho y publicó un montaje que presentaba la región como nuevo territorio de Estados Unidos. Mientras tanto, el tráfico marítimo se mantuvo muy por debajo de los niveles previos al conflicto, y los países del Golfo intentaron establecer sus propios acuerdos de seguridad.

En Asia, Trump ordenó una reducción de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, al tiempo que buscaba reanudar el diálogo con Kim Jong-un. Pocos días después, anunció su intención de reunirse nuevamente con el líder norcoreano.

En el comercio exterior también se ha evidenciado el método de las amenazas sucesivas. El 20 de agosto, Trump anunció la suspensión de un arancel del 50% contra Canadá tras afirmar que ambos gobiernos habían llegado a un acuerdo. Posteriormente, las negociaciones volvieron a deteriorarse y la disputa comercial se reanudó.

Nada de esto significa que toda amenaza sea infundada. Al contrario: Estados Unidos cuenta con el poder económico y militar suficiente para garantizar que cualquier amenaza presidencial se tome en serio.

Precisamente por eso la previsibilidad es tan valiosa.

Fareed Zakaria llamó la atención sobre este aspecto al argumentar que la credibilidad acumulada por Estados Unidos a lo largo de décadas era una forma de poder tan concreta como los barcos, las bases o los aviones.

Un aliado que cree en una garantía estadounidense puede organizar su defensa basándose en ella. Un adversario que cree en una advertencia estadounidense puede retirarse antes del enfrentamiento.

Cuando nadie sabe si una promesa seguirá vigente o si una amenaza se abandonará pocos días después, los países comienzan a construir alternativas.

No necesariamente porque se hayan convertido en enemigos de Estados Unidos, sino porque no desean depender de una decisión impredecible.

El costo también aparece dentro de los Estados Unidos.

La política exterior está empezando a tener repercusiones internas.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 17 de agosto mostró que el índice de aprobación de Trump se situaba en el 33%, frente a un 64% de desaprobación. Esta cifra se encuentra dentro del margen de error de encuestas anteriores, pero representa el nivel más bajo registrado durante su mandato actual.

En la misma encuesta, el 80% de los encuestados afirmó creer que la guerra con Irán durará mucho tiempo.

La inflación y los precios del combustible también influyen considerablemente en la opinión pública estadounidense. Esto cobra especial relevancia en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Por lo tanto, la política de la fuerza no surge de la nada. Tiene costos militares, económicos, diplomáticos y electorales.

La fuerza por sí sola no basta para mantener el orden.

La ofensiva de Trump surge de problemas reales. El narcotráfico socava la autoridad estatal; las organizaciones criminales transnacionales desafían las fronteras; la penetración de potencias extranjeras en sectores estratégicos puede crear dependencias peligrosas; y numerosos países latinoamericanos demuestran dificultades para defender su propio orden interno.

Pero reconocer correctamente un desorden no significa haber encontrado el principio capaz de restablecer el orden.

La fuerza tiene su lugar. Toda sociedad necesita autoridad, y toda autoridad legítima debe poseer los medios para hacer cumplir la ley. Sin embargo, un orden sostenido únicamente por la superioridad material conlleva una fragilidad inherente: solo se mantiene estable mientras quien lo impone conserve la fuerza suficiente para intimidar a los demás.

Es precisamente ahí donde la cuestión de la credibilidad estadounidense adquiere mucha mayor importancia.

Cuando nadie sabe si una promesa seguirá vigente o si una amenaza se abandonará pocos días después, los países comienzan a buscar alternativas. No necesariamente porque se hayan convertido en enemigos de Estados Unidos, sino porque no desean depender de una decisión impredecible.

Así, aquello que aparentemente demuestra poder puede, poco a poco, perder autoridad. Los aliados buscan garantías fuera de la alianza; los adversarios comienzan a calcular hasta dónde pueden llegar; y el equilibrio entre las naciones deja de basarse en la confianza duradera para depender, en cambio, de sucesivas demostraciones de fuerza.

El verdadero orden no consiste simplemente en la supremacía del más fuerte. Presupone jerarquía, pero también proporción; autoridad, pero también legitimidad; fuerza, pero subordinada a un principio superior de justicia.

Es precisamente este principio superior el que el mundo moderno ha intentado reemplazar desde que comenzó a distanciar la vida pública del orden cristiano.

Desde una perspectiva católica, la paz entre las naciones no puede reducirse a un mero equilibrio de armas, intereses económicos y amenazas mutuas. En última instancia, depende de individuos e instituciones que reconocen una ley moral superior a la voluntad de gobernantes y estados. Los Diez Mandamientos no fueron dados simplemente para regular la esfera privada de la existencia. Sus principios —el respeto a la autoridad legítima, la vida, la propiedad, la familia, la verdad y la palabra dada— constituyen también fundamentos sin los cuales ninguna civilización puede mantenerse ordenada por mucho tiempo.

Cuando este orden moral desaparece, el vacío tiende a ser llenado por la voluntad humana transformada en la medida de todas las cosas. La historia moderna ofrece manifestaciones sucesivas de este proceso: la Revolución Francesa buscó reconstruir la sociedad a través de principios abstractos desvinculados de la tradición cristiana; el comunismo condujo a extremos totalitarios de concentración política y económica; la revolución cultural de 1968, simbolizada por la Sorbona, se rebeló contra las autoridades, las costumbres y las jerarquías; y las transformaciones posteriores avanzaron hacia formas cada vez más radicales de igualitarismo y la disolución de las estructuras sociales.

Se trata de revoluciones diferentes, pero comparten un denominador común: el objetivo es establecer un nuevo orden tras rechazar precisamente los principios morales que podrían regir el ejercicio de la libertad y el poder.

El resultado suele ser paradójico. En nombre de la liberación de la autoridad, surgen nuevas concentraciones de poder. En nombre de la igualdad, desaparecen las jerarquías legítimas y aparecen las arbitrarias. El poder ejecutivo se extralimita; el poder judicial empieza a ocupar ámbitos que no le correspondían; las costumbres que sustentaban espontáneamente la vida social deben ser sustituidas por un número creciente de normas, controles y coacciones.

La cuestión es si la fuerza estadounidense está siendo puesta al servicio de una «orden».

Un poder que pretende ejercer un verdadero liderazgo necesita inspirar algo más duradero que el miedo. Necesita inspirar confianza.

Y esta confianza no se basa únicamente en la capacidad de cumplir una amenaza. Se basa principalmente en la certeza de que se cumplirán los compromisos, se respetarán los límites y el poder se ejercerá de acuerdo con principios reconocibles y estables.

En última instancia, sin embargo, ni Estados Unidos ni el mundo encontrarán un orden auténtico simplemente perfeccionando este equilibrio de poder. Mientras los estados y las sociedades rechacen la ley moral objetiva y la concepción cristiana del hombre, seguirán buscando, mediante mecanismos políticos, aquello que depende, en cambio, de una restauración moral.

La fuerza puede sofocar temporalmente el desorden. Puede derrotar a un enemigo e incluso preservar una frontera.

Pero solo una sociedad restaurada al orden según la ley de Dios puede transformar la autoridad en verdadero orden y el equilibrio en verdadera paz.

Fuentes consultadas

• O Estado de S. Paulo — La coalición anticártel de Trump — Lourival Sant’Anna — O Estado de S. Paulo, domingo 16 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Fin de la credibilidad de una superpotencia — Fareed Zakaria, The Washington Post — O Estado de S. Paulo, sábado 15 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Las bombas no contendrán a los cárteles — Andrés Oppenheimer* — O Estado de S. Paulo, miércoles 19 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — La Corte Suprema confirma la sentencia del presidente por abuso sexual — O Estado de S. Paulo, martes 18 de agosto de 2026
• Folha de S. Paulo — El índice de aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su mandato — Victor Lacombe — Folha de S. Paulo, martes 18 de agosto de 2026
• Folha de S. Paulo — Trump elige nuevo liderazgo diplomático para América Latina — Isabella Menon — Folha de S. Paulo, miércoles 19 de agosto de 2026
• Folha de S. Paulo — Estados Unidos impone sanciones al presidente de la CPI y amplía su ofensiva contra el tribunal — Folha de S. Paulo, miércoles 19 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump dice que es dueño de América Latina — O Estado de S. Paulo, lunes 17 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump anuncia que suspendió el arancel del 50% a Canadá — AFP y AP — O Estado de S. Paulo, jueves 20 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump dice que se reunirá con el dictador norcoreano Kim Jong-un antes de fin de año — O Estado de S. Paulo, jueves 20 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump perdió el control de la guerra — O Estado de S. Paulo, viernes 14 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Irán habla de ‘mapa acordado’ con Omán para el petróleo — Luisa Laval — O Estado de S. Paulo, lunes 17 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump declara el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense — Laís Adriana, con NYT — O Estado de S. Paulo, miércoles 19 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Trump reduce ejercicios con Corea del Sur — O Estado de S. Paulo, lunes 17 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — Corea del Sur espera que Trump reanude el diálogo con Kim Jong-un — AP y NYT — O Estado de S. Paulo, martes 18 de agosto de 2026
• O Estado de S. Paulo — El riesgo de Trump, hoy y mañana — Eliane Cantanhêde — O Estado de S. Paulo, martes 18 de agosto de 2026